1. Antecedentes y Contexto Político-Económico
La
construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se desarrolló principalmente
durante el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2003), un período marcado por una
profunda fragilidad política y la recién adoptada dolarización
(año 2000).
El
país se encontraba saliendo de la grave crisis financiera de 1999. Existía una
urgencia por captar inversión extranjera y aumentar la exportación de
crudo para inyectar dólares a la economía y apuntalar la dolarización.
La
decisión de construir un oleoducto privado fue sumamente controversial y
politizada. El argumento principal era que el Estado carecía de la capacidad de
endeudamiento para construir la obra, por lo que la inversión privada,
aunque con condiciones discutibles, era la única vía para explotar las reservas
de crudo pesado e impulsar la economía. El OCP fue concebido como el principal
motor de crecimiento y estabilización económica.
2.
Oposición de los Sectores Sociales: El Caso FETRAPEC
Diversos
sectores sociales se opusieron al proyecto. El gremio de trabajadores
petroleros estatales, FETRAPEC, articuló su oposición con base en
argumentos clave:
- Pérdida de Soberanía: Se oponían a que una
infraestructura de transporte esencial quedara en manos de un consorcio
privado de empresas transnacionales (OCP Ecuador S.A.), debilitando a
Petroecuador y entregando el control de un sector estratégico al capital
extranjero.
- Alternativa Estatal: El gremio fue promotor
y aliado de la propuesta presentada por el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército (CIE), respaldando la idea de que el oleoducto debía ser
construido por una entidad nacional, a menor costo, y quedar
inmediatamente bajo la propiedad del Estado.
- Denuncia de Contrato: Se unieron a la
denuncia generalizada sobre la sobrevaloración del proyecto y las
cláusulas del contrato, que consideraban leoninas y excesivamente
favorables para las empresas privadas.
La
oposición de FETRAPEC fue crucial, ya que proporcionó la voz técnica y la
legitimidad laboral a la crítica política, cuestionando las cifras y la
viabilidad técnica del proyecto privado.
3.
La Determinación Gubernamental: “El OCP va porque va”
La
alta tensión política que rodeaba al proyecto se reflejó en la frase del
presidente Noboa, expresada el 18 de mayo de 2001: “Nadie va a joder…el OCP
va porque va”.
- El mandatario respondía
a ecologistas, activistas y alcaldes que buscaban detener la obra,
especialmente por el impacto ambiental en el Bosque Protector de Mindo.
Noboa se refirió a estos grupos como "ecuatorianos hipócritas" y
"cuatro majaderos".
- Esta decisión inamovible
se sustentaba en la necesidad urgente de aumentar la producción
petrolera para sostener la dolarización y en la presión de organismos
internacionales como el FMI, que advertían un impacto negativo si el
proyecto se paralizaba.
- La frase encapsuló la
postura de un gobierno que priorizó la estabilidad económica y la
inversión privada por encima de las preocupaciones socioambientales y
las objeciones sobre la transparencia del contrato.
4.
Presupuestos y Adjudicación: El Triunfo de la Opción más Costosa
A
pesar de existir alternativas más económicas y estatales, la construcción del
OCP se adjudicó al consorcio privado (OCP Ecuador S.A.).
|
Concepto |
OCP
Ltd. (Millones de USD) |
Williams
(Millones de USD) |
|
Presupuesto
Inicial Ofertado |
899,0
|
793,0
(con CIE) |
La propuesta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE) fue la alternativa estatal y más económica. Se destacaba por su bajo costo operativo y de construcción, ya que no buscaba lucro, sino la ejecución de la obra para el Estado. La oferta del CIE garantizaba que la infraestructura quedara bajo propiedad estatal, fortaleciendo la soberanía nacional y permitiendo que la utilidad por su operación recuperara la inversión e ingresara al presupuesto.- A pesar de la oferta más
baja y la capacidad técnica demostrada del CIE, la obra se adjudicó al
Consorcio privado OCP Ecuador S.A. El presupuesto inicial estimado por el
consorcio privado fue de 1.100 millones de USD, que aumentó a 1.300
millones de USD y finalmente la ejecución fue por 1.475 millones de USD.
- El Estado fue el gran
perdedor al aceptar la oferta más costosa y al ver que los costos de
ejecución se incrementaron en más de 200 millones de USD.
Las
razones de la adjudicación al privado se centraron en que el proyecto fue
concebido como obra de capital privado, y el consorcio garantizaba la financiación
total a riesgo de las petroleras y la urgencia de construir el ducto para
que pudieran explotar y exportar el crudo pesado.
5.
La Advertencia Técnica Desatendida: El Riesgo del Trazado
Respecto
al trazado de la construcción que debía recorrer el OCP una opción era Nueva
Loja-Tulcán - San Lorenzo. No lo hicieron por costos. Nunca pensaron en los
gastos para reparar las roturas por los deslaves cercanos al volcán el
Reventador que atormentan permanentemente.
En
el marco de una Acción de Protección presentada por el Frente de Defensa
Petrolero Ecuatoriano el 1 de octubre del 2024,en la Función Judicial, proceso con el No. 17T03-2024-00073, en contra el
presidente de la República y autoridades del sector petrolero, y las empresas
vinculadas al OCP por la vulneración de derechos consagrados en la Carta Magna
debido a la omisión del Estado ecuatoriano de ejecutar el traspaso de los
bienes y operación del OCP, como lo establece el contrato suscrito para su
construcción y operación durante 20 años. El Ing. Washington Ramiro Maruri
Cevallos, presidente del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental
y Especialidades Afines (CIGMIPA), presentó un Amicus Curiae en el que, se detalla una controversia técnica
crucial que fue desatendida:
Ruta Antitécnica: La propuesta de OCP Ecuador S.A. planteaba un tramo de 17 km paralelo al SOTE, cerca del Río Quijos. Los expertos la consideraron antitécnica porque replicaba la zona afectada por el terremoto de 1987 en Napo, que previamente rompió el SOTE y causó un derrame. Inestabilidad Geológica: Expertos advirtieron que la zona de los Quijos, especialmente la cascada San Rafael, era la más inestable geológicamente y propensa a múltiples riesgos naturales (lluvias, deslizamientos, erupciones, terremotos).- Multiplicación de
Riesgos:
La insistencia en este trazado se consideró peligrosa, ya que un desastre
natural afectaría a ambos oleoductos simultáneamente.
- Confirmación del
Desastre:
Un estudio de OCP S.A. de 2001 concluyó la factibilidad y la protección
ante una crecida milenaria, pero la realidad demostró lo contrario. El
desastre que los expertos advirtieron se confirmó el 7 de abril de 2020,
cuando los dos tubos se rompieron a causa de la erosión en el cauce
del río Quijos (Alto Coca).
6.
El OCP después de 20 años de operación privada
Los
gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa desarrollaron un sinnúmero de
acciones legales, contractuales y administrativas que permitieron que la
empresa OCP Ltd. causara un grave perjuicio económico al Estado, debido a la
entrega tardía del oleoducto.
De
acuerdo con información oficial de la Superintendencia de Compañías, la empresa
OCP Ltd. (propiedad de Pampa Energía) transfirió las acciones del Oleoducto de
Crudos Pesados al Estado ecuatoriano el 30 de noviembre de 2024,
constituyéndose así la empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A.
Cabe recordar que la transferencia de estos activos al Estado se produjo
gracias a la presión ejercida por organizaciones sociales en defensa del
patrimonio nacional.
La
empresa recién creada mantenía vigentes las garantías establecidas en el
contrato de construcción y operación por un valor cercano a los 100 millones de
dólares. No obstante, OCP Ltd. llevó el caso a un arbitraje internacional ante
el CIADI.
Sin
una explicación técnica que asegure —conforme a la ley— que los pasivos
ambientales, laborales y operacionales hayan sido remediados, se procedió a la
liberación de fondos el 3 de noviembre de 2025. Como resultado, la empresa
Pampa Energía recibió 84 millones de dólares, según consta en su propio sitio
web, mientras el Gobierno Nacional ha guardado silencio absoluto sobre el tema.
Además,
existen reportes extraoficiales sobre una posible negociación con Pampa Energía
para una nueva concesión del OCP por 20 años, lo cual representaría un
perjuicio para el país superior a los 1.500 millones de dólares.
Ante
esto, el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano ha emitido una alerta
criticando el hermetismo del Gobierno y de la prensa. El colectivo sostiene que
estas acciones atentan contra los intereses económicos del país y exige que la
Contraloría General del Estado inicie de inmediato un examen especial al
traspaso del oleoducto. El objetivo es determinar los pasivos laborales,
ambientales, económicos y legales que, hasta la fecha, no han sido
transparentados por la administración de Daniel Noboa.
Conclusiones
Clave
- Priorización de la
Estabilidad Económica sobre el Riesgo y la Soberanía: La construcción del OCP
fue una decisión política impulsada por la urgencia de sostener la recién
adoptada dolarización y la presión de organismos internacionales, lo que
llevó al gobierno a priorizar la inversión privada y la estabilidad
económica (el lema "va porque va") , desestimando las
advertencias de riesgo socioambiental, la opción estatal más económica
(CIE) y la preocupación por la soberanía sobre un sector estratégico.
- Desatención a la
Advertencia Técnica con Consecuencias Comprobadas: La ruta final del OCP
fue seleccionada a pesar de las severas advertencias de expertos sobre su
naturaleza antitécnica, replicando una zona sísmica ya afectada en
1987 y propensa a riesgos geológicos (Río Quijos / cascada San Rafael).
Esta desatención resultó en la multiplicación de la vulnerabilidad
de la infraestructura, lo cual se confirmó catastróficamente el 7 de
abril de 2020 con la ruptura simultánea de ambos oleoductos (SOTE y
OCP) a causa de la erosión fluvial.
- Adjudicación Costosa y
Debilitamiento Estatal: A pesar de que existían ofertas más bajas, como la
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE), la adjudicación se otorgó a
la propuesta privada de OCP Ecuador S.A., que fue la más costosa y
cuyo presupuesto final de ejecución se incrementó significativamente. Esta
decisión no solo resultó en un mayor costo para el país, sino que también impidió
el fortalecimiento de la empresa estatal y la generación de ingresos a
futuro a través de una infraestructura de propiedad nacional.
- Se prioriza los
intereses corporativos sobre el patrimonio público: El Oleoducto de Crudos
Pesados (OCP) se encuentra bajo una sombra de opacidad administrativa. La
liberación de 84 millones de dólares en garantías a favor de Pampa
Energía, ejecutada aparentemente sin una certificación técnica de
remediación de pasivos, junto con las versiones de una nueva concesión a
largo plazo, sugiere un manejo que prioriza los intereses corporativos
sobre el patrimonio público. Ante el silencio del Ejecutivo, resulta
imperativo que la Contraloría General del Estado intervenga de manera
urgente para transparentar las condiciones legales y ambientales de esta
transición, garantizando que el Estado no asuma costos y daños que
corresponden a la operadora privada.
Fuentes:
·
Notas
periodísticas del 2001, de El Comercio
·
Función
Judicial, proceso No. 17T03-2024-00073, iniciado el 1 de octubre del 2024
·
Página
oficial en la web de la empresa Pampa Energía
·
Página
oficial de la Superintendencia de Compañías
·
Contrato
de Construcción, mantenimiento y Operación del OCP
·
Pagina
oficial en la web del CIADI
·
Aportes
de técnicos e ingenieros petroleros
Jorge Cáceres E.
16 diciembre de 2025
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