¡El OCP es del Ecuador! Exigimos al Gobierno Detener la Privatización y Resolver Pasivos Pendientes

 

¡El OCP es del Ecuador!

Exigimos al Gobierno Detener la Privatización y

 Resolver Pasivos Pendientes

6 de diciembre del 2025

 

 

De acuerdo con la información oficial de la Superintendencia de Compañías, la empresa OCP Ltd., propiedad de Pampa Energía, transfirió las acciones del Oleoducto de Crudos Pesados al Estado ecuatoriano el 30 de noviembre de 2024, constituyéndose la empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A. ( lo que no queda claro es si OCP Ecuador es pública, privada, o público-privada) Es importante recordar que la transferencia de los  activos del OCP Ltd., al Estado se produjo gracias a la presión ejercida por las organizaciones sociales en defensa de su patrimonio.

 

Liberación de Garantías y Arbitraje

OCP Ecuador S.A. (“heredó” esas garantías cuando se produjo la transferencia de acciones de OCP Ltd.), mantenía dos garantías, una operativa y otra ambiental, por un valor conjunto de US$84 millones. Según el contrato de concesión, y conforme a la información obtenida en la página oficial de la empresa argentina Pampa Energía, la extinción de la licencia implicaba la liberación de dichas garantías el 1 de marzo de 2025, con el correspondiente reembolso monetario.

Sin embargo, Citibank Ecuador, el banco emisor, se negó a liberarlas en esa fecha, argumentando el incumplimiento de ciertos requisitos formales. Esta situación resultó en el inicio de un arbitraje en el CIADI para la liberación de las garantías y una compensación por los daños ocasionados.

Posteriormente, el 28 de octubre de 2025, el Estado ecuatoriano notificó a Citibank Ecuador la expiración de las garantías e instruyó su liberación, la cual se concretó el 3 de noviembre de 2025. Como resultado, Pampa incorporó US$84 millones a su caja.

Ante el silencio del Gobierno y de la prensa sobre la liberación de estas garantías, tanto operativa como ambiental, el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano (FDPE) alerta al país sobre los atropellos que el Gobierno Nacional está cometiendo en contra de los intereses económicos del país.

 

Pasivos Pendientes y Negociaciones Extraoficiales

La existencia de pasivos ambientales, laborales, técnicos y económicos que OCP Ltd. aún no ha resuelto con el Estado ecuatoriano, preocupa profundamente. Más aún cuando, de manera extraoficial, conocemos que el Gobierno Nacional del presidente Daniel Noboa está concluyendo las negociaciones con OCP Ltd., representada por la empresa argentina Pampa Energía, para entregar la operación del oleoducto por un periodo de 20 años.

 

 

Estado de Conservación del Oleoducto

Es conocido que, en los últimos 5 años, el OCP, el SOTE y el Poliducto Shushufindi - Quito - Esmeraldas han sufrido un total de 7 roturas por derrumbes y deslaves, en la zona del Volcán El Reventador, a pocos años de la reversión del OCP al Estado.

Dada la cercanía del tiempo de la reversión del oleoducto al Estado, la empresa OCP Ltd., de manera irresponsable, no invirtió en tubería de reemplazo para subsanar las roturas mencionadas. Para evitar largos periodos de paralización y más pérdidas económicas, OCP Ltd. solicitó tubería prestada a EP Petroecuador. EP Petroecuador a fin de no parar el transporte de petróleo respondió ágilmente proporcionando en calidad de préstamo tubería que mantenía en sus bodegas.

Las tuberías prestadas a OCP fueron de menor diámetro que la tubería original del OCP (32” a 24”). El OCP utiliza tubería de mayor diámetro que la del SOTE debido a su mayor capacidad de transporte.

Como consecuencia, se redujo la capacidad de transporte en los tramos donde se produjeron las roturas. No existen evidencias tangibles de que la empresa OCP Ltd., entregue el oleoducto bajo las especificaciones técnicas que determina la ley y el contrato. Se entiende que OCP LTD., debe reemplazar la tubería de menor diámetro instalada en los 7 tramos con roturas por una tubería de mayor diámetro, acorde al diseño original del oleoducto. Se desconoce la restitución de la tubería o el valor de la tubería prestada, así como si existe un compromiso de devolución o de pago, causando un perjuicio económico al país.

 

Daños Ambientales no Recuperados

Las 7 roturas sufridas por el OCP dejaron pasivos ambientales que deben ser recuperados de acuerdo con los planes y programas de remediación debidamente aprobados por el Ministerio del Ambiente, actualmente fusionado con el ex Ministerio de Energía y Minas.

La información sobre las acciones de remediación y los pasivos ambientales, producto de la operación y roturas del OCP, no es de conocimiento público o se mantiene en reserva. La información oficial a la que nuestra organización tuvo acceso determina que: “En cumplimiento al contrato, cláusula 9.6.- De la Auditoría Ambiental Final, OCP Ltd., el 11 de enero del 2023, realizó la entrega de la Auditoría, en forma de ‘Borrador Provisional’, un año antes de la expiración del plazo de vigencia del contrato; documento remitido conforme los Términos de Referencia aprobados por la Autoridad Ambiental mediante oficio MAAE-SCA-2022-0130-O del 20 de enero del 2022. La Auditoría Ambiental fue desarrollada conforme lo que establece el contrato.”

La cláusula 9.6 del contrato establece que OCP debe entregar la versión final de la Auditoría al Estado en la fecha de transferencia, la cual debe incluir información actualizada y, en lo posible, el cierre de los hallazgos identificados en la auditoría borrador presentada.

 

Pasivos Laborales

Luego de que el Gobierno Nacional diera cumplimiento a la terminación del contrato con el OCP Ltd., por vencimiento del plazo de concesión, ocurrido formalmente el 30 de noviembre de 2024, tomó a su cargo las operaciones del oleoducto. La terminación del contrato, prevista en la Ley, obliga a OCP Ltd. a liquidar a sus empleados y trabajadores.

Sin embargo, esta empresa no procedió conforme lo establece la ley laboral en el Ecuador. Los trabajadores se vieron obligados a demandar con justo derecho ante el Ministerio del Trabajo para recibir sus haberes por liquidación. Hasta la fecha se desconocen los resultados de esta triste realidad de los trabajadores. Por otro lado, existen reclamaciones de ex trabajadores por no pago de utilidades de años anteriores a la transferencia del oleoducto al Estado Ecuatoriano.

 

Conclusión

Existen importantes obligaciones de orden técnico, laborales, ambientales y económicas que OCP Ltd., está obligada a cumplir con el Estado ecuatoriano, y se desconoce si llegarán a hacerlo a la fecha.

El Gobierno Nacional está en la obligación de hacer cumplir la Ley y la Constitución en defensa del interés de la Nación. Hacer lo contrario es traición a la Patria.

Por los antecedentes expuestos, el FDPE y las Organizaciones Sociales del Ecuador exigimos al Gobierno Nacional que dé respuesta a nuestras observaciones. Esta respuesta debe estar acompañada de documentación verificable que nos permita evaluar y comprobar los compromisos acordados con OCP Ltd., para resolver a la brevedad los trabajos y obligaciones económicas mencionadas en este comunicado.

Advertimos, además, al Gobierno Nacional que iniciaremos una acción de resistencia permanente por los actos ilegales e incumplimientos de la Ley en los que está incurriendo para entregar la operación del OCP por otros, 20 años a la empresa argentina Pampa Energía.

De llegarse a realizar esta entrega, se causaría un grave perjuicio económico al país. Los ingresos esperados por el Estado en los próximos 20 años, según estimaciones de nuestros especialistas, estarían en el orden de los 2.900 millones de dólares. El costo de operación, que en manos del Estado puede reducirse drásticamente, estaría en el orden de los 1.400 millones de dólares. Es decir que si el gobierno de Noboa entrega la operación de nuestro oleoducto de crudos pesados, provocará una pérdida para el Ecuador de 1.500 millones de dólares.

Vale destacar que el análisis consideró un costo de operación histórico por barril transportado de 1,037 (menos de un dólar con 4 centavos por cada barril transportado). Este valor, desde el inicio del contrato operado por el sector privado, incluía la amortización de las inversiones realizadas para la construcción del oleoducto, las cuales ya fueron amortizadas hace aproximadamente 4 años. Por esta razón, el ingreso neto del negocio de transporte por el OCP puede verse incrementado sustancialmente y ese incremento de ganancias debe quedar en beneficio del Ecuador.

 

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